Torture in Cuba
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La psiquiatría cubana: Una perversa ideología represiva

Ramiro Argüello Hurtado

“Toda crítica es oposición. Toda oposición es contrarrevolucionaria”.
Fidel Castro R.

La psiquiatría cubana ocupa un sitial de honor entre los organismos
represores de los derechos humanos del orbe. Su prontuario es
apabullante por su bestialidad sin paliativos. Al acceder fungir como
mera polea de la maquinaria del terrorismo de Estado castrista, la
psiquiatría cubana ha renunciado lastimosamente a su condición de
ciencia biológica y del espíritu, remitiéndonos a los experimentos
humanos (incluyendo vivisección) practicados por los nazis en los campos
de exterminio de Dachau, Buchenwald, Auschwitz.

La extinta Unión Soviética maximizó el abuso psiquiátrico sistemático,
incluso se sacaron de la manga una ridícula categoría diagnóstica:
esquizofrenia retardada. La categoría de marras fue creada ad hoc para
serle aplicada a los desafectos al estado totalitario comunista. Los
cubanos han ido más allá al utilizar con soltura tres métodos
pertenecientes al arsenal de la psiquiatría científica: electrochoques,
químicos y medicamentos psicotrópicos.

En enero de 1979 el gobierno cubano puso en vigencia un Código Criminal
en el que tipifica innumerables actividades políticas como crímenes
comunes. Al quedar clasificados los actos políticos como actividades
criminales comunes disminuye de manera automática, hasta desaparecer, la
cifra de prisioneros políticos en Cuba. El inefable Eduardo Bernabé
Ordaz Ducungé, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, afirmaba
con desfachatez no hace demasiado tiempo: “No disponemos de información
acerca de la utilización de la psiquiatría para otros propósitos que no
sea el bienestar de los mentalmente enfermos. No se puede hablar de
prisioneros políticos porque no existen prisioneros políticos en nuestro
país. Nuestros prisioneros son terroristas”.

Se trata de una maniobra tan cínica como artificiosa. La criminología
cubana asevera que el capitalismo es el origen de la conducta criminal.
El socialismo erradicaría el basamento de la conducta criminal (¿cómo
explicarían los teóricos marxistas el hecho escueto que después de
décadas de revolución y educación para el hombre nuevo, con el menor
resquicio como sucedió en el caso Mariel, decenas de miles de cubanos
abandonaran la isla paradisíaca? Entre esa masa humana se confundían
miles de sociópatas y delincuentes de alta peligrosidad. ¿Dónde están
las virtudes de la educación socialista?).

En teoría no pueden existir criminales en la utopía comunista (a la que
nuestros izquierdistas locales persisten en adscribirse hábilmente
agazapados en organizaciones-pantalla; de hecho controlan la mayoría de
los medios autoproclamándose sociedad civil. Y los que no pertenecemos a
su sociedad civil, ¿qué somos? En caso de que apareciera un caso
esporádico se recurre a la re-educación.

Para aplacar la disidencia se recurre a un retorcido expediente: son
agentes de una potencia extranjera o son enfermos mentales. Los
disidentes pasan de facto por una detención secreta a perpetuidad y sin
mediar acusación previa. La seguridad del Estado está facultada para
emitir diagnósticos psiquiátricos: el psiquiatra se convierte en
esbirro, el esbirro en psiquiatra. La psiquiatría (especialidad
nobilísima) pasa así a ponerse al servicio de una perversa ideología
totalitaria: La comunista.

No es inusual que un desafecto político cuerdo sin antecedentes de
enfermedades mentales sea remitido a una de las inenarrables “salas
forenses” de nosocomios reservados para criminales desquiciados de alta
peligrosidad (pervertidos sexuales, vesánicos, sociópatas). El objetivo
es evidente: desmoralizar, intimidar, fracturar voluntades.

El itinerario usual del objetor es el que sigue: puede ser internado en
las “salas forenses” Carbó-Serviá o Castellanos del Hospital
Psiquiátrico de La Habana (popularmente conocido como Mazorra). Por
supuesto existen otros destinos. Mencionemos el Hospital Gustavo Machín
en Santiago de Cuba o el amedrentador Hospital Nacional de Reclusos del
Combinado del Este en La Habana.

Las mismas autoridades sanitarias cubanas aceptan con indecible cinismo
este estado de cosas. Un estudio sobre las “infracciones disciplinarias”
en la “sala forense” de mujeres Córdova del Hospital Psiquiátrico de La
Habana (aparecido en la propia revista de dicho nosocomio en 1984),
informa sin ningún rubor (incluso con alborozo) que 4.6 por ciento de
las reclusas habían sido sentenciadas por crímenes contra la seguridad
del Estado o contra el orden público. El mismo estudio menciona con
candor al Departamento de Seguridad del Estado como “proveedor” de
reclusos al nosocomio habanero.

La indiferencia criminal de la psiquiatría cubana en afinar diagnósticos
aplicables a los insumisos se explica en la motivación última de la
represión psiquiátrica: castigar y torturar. Cualquier diagnóstico
resultaría enojoso y superfluo. La terapia electro convulsiva
(electroshocks) está indicada para escasas dolencias mentales (depresión
severa, esquizofrenia catatónica). Se administra en ambiente
hospitalario por un psiquiatra asistido por un anestesiólogo bien
entrenado. Las autoridades cubanas piensan de manera diferente: la
terapia electro convulsiva se aplica alegremente en las “salas forenses”
para castigar a los insumisos y persuadirlos a que reconsideren sus
actividades. Los compañeros de disidencia y familiares son obligados a
presenciar el espectáculo. Existe evidencia sobre “pacientes” que han
recibido hasta 24 tandas de electrochoques (Jesús Leyva Guerra,
dirigente sindical y activista de derechos humanos recibió las 24 tandas
de rigor. En 1981 la doctora Carmen Betancourt le diagnosticó
esquizofrenia paranoide. En 1983 otro esbirro de bata blanca (Dr.
Enrique Font) le endilgó el mismo diagnóstico. En 1985 otro esbirro de
bata blanca, el Dr. José Pérez Milán, insistió en el diagnóstico. En
1986 el Dr. Orlando Lamar-Vicens prescribió electrochoques y
psicofármacos. En 1988 fue a parar de nuevo a las manos del compasivo
Lamar-Vicens. El galeno recetó 12 tandas de electrochoques. En octubre
de 1989 Leyva logró abandonar Cuba. Vive actualmente en La Florida).
Nunca se les ofreció a los insumisos la opción de rechazar el
“tratamiento” (consentimiento informado).

Los psicofármacos, de preferencia la cloropromazina (un antipsicótico
sedante) son utilizados con envidiable liberalidad. No se tiene en
cuenta la larga lista de efectos colaterales adversos, en particular los
llamados “extrapiramidales”, causados por la acción del químico en la
zona del cerebro responsable del movimiento, la locomoción y la
coordinación. Los insumisos son obligados a deglutir las tabletas. Los
que se niegan son sometidos a severas golpizas. Siempre queda el curso
de mezclar el fármaco con los alimentos.

Para la comunidad psiquiátrica internacional los pacientes con dolencias
mentales poseen los siguientes derechos: 1) Derecho al tratamiento
individual; 2) Derecho a la oportunidad de ser curado (o aliviado) en un
período de tiempo razonable; 3) Derecho a un ambient
e físico y
psicológico de carácter humano y con higiene decorosa; 4) Derecho de
rehusar tratamientos; 5) Derecho a no ser utilizado en tratamientos
experimentales sin consentimiento previo; 6) Derecho a ser tratado y
cuidado por personal capacitado; 7) Derecho a ser ingresado de manera
que se garantice la seguridad y la vida del paciente y las personas de
su entorno.

No deja de ser una sangrante ironía que Cuba sea signataria de la
Convención Internacional contra la tortura y otros tratamientos y
castigos crueles, inhumanos o degradantes, firmada en La Habana el 27 de
enero de 1986.

El autor es psiquiatra.

http://www-ni.laprensa.com.ni/cgi-bin/print.pl?id=opinion-20030608-02

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