Torture in Cuba
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Publicado el domingo, 11.18.12

Represores cubanos buscan refugio en Miami

Juan O. Tamayo

jtamayo@elnuevoherald.com

El activista Elizardo Sánchez Santa Cruz afirma desde La Habana que no

siente rencor por los Caamaños, vecinos que colaboraron con los agentes

de la Seguridad del Estado para acosarlo durante años. Después de todo,

él es el de la Comisión Cubana de y

Reconciliación Nacional.

Pero su hermana Marcela, que vive con él, no tiene problemas en

denunciar a los dos Caamaños y a un yerno que ahora viven en Miami.

"Lo primero que haría es mandarlos de regreso de Miami para acá", afirmó

Marcela. "No es rencor. Pero si mucha pena por mucha gente pasando dolor

aquí, y ellos viviendo sin ningún tipo de preocupación".

Crescencio Marino Rivero, ex jefe de prisiones en una provincia cubana,

hizo titulares el mes pasado cuando fue acusado de abusar de algunos

reos y ordenar a los guardias maltratar a otros antes de que se mudara

hace dos años a Miami.

Pero cientos de otros cubanos con pasados desagradables también viven

aquí, incluyendo a agentes de la Seguridad del Estado, chivatos

(delatores) y colaboradores, jueces, policías y miembros de los Comités

de Defensa de la Revolución.

La mayoría eran pequeñas piezas en la maquinaria de represión política

del sistema comunista. No golpearon ni torturaron. Pero tampoco fueron

inofensivos. Su trabajo pudo haber llevado a algunos disidentes a

prisión o haber impedido que sus hijos entraran a las universidades.

Sin , como cientos de miles de otros cubanos, eventualmente se

mudaron a Miami, legal o ilegalmente, por razones válidas o sospechosas.

Y sus víctimas se encolerizaron cuando vieron a quienes abusaron de

ellos viviendo en la capital del exilio cubano.

"El caso es que me jodió mi vida", afirmó José Varona, de 73 años, sobre

el agente de la Seguridad del Estado cuyo testimonio en un juicio en

1973 ayudó a enviarlo por 6 años y medio a prisión. Varona fue liberado

y se trasladó a Miami en 1979. El agente llegó hace dos años.

Frank Parodi, un agente retirado de la unidad contra los violadores de

derechos humanos de la Policía de Inmigración y Aduanas, declaró que

después que se anunció el arresto de un represor cubano en 1992, su

oficina recibió 250 denuncias sobre otros represores que se encuentran

en Miami. Parodi fue transferido a Washington con posterioridad y no

sabe que sucedió con esos informes.

Elizardo Sánchez Santa Cruz indicó que en realidad "cientos y cientos"

de oficiales y agentes de la Seguridad del Estado, la rama del

Ministerio del Interior a cargo de la represión política, se trasladaron

a en años recientes. Irónicamente, agregó, algunos fueron

en busca de un refugio.

"Los más avispados perciben que el régimen está en la fase final" y

temen ataques vengativos, comentó Sánchez Santa Cruz por teléfono desde

La Habana. "Están buscando ponerse a buen recaudo".

Funcionarios del gobierno de EEUU reconocen que es difícil, si no

imposible, separar las manzanas malas cuando los cubanos solicitan

visas, residencias o ciudadanías de EEUU.

Agentes de la Seguridad del Estado usan pseudónimos para ocultar sus

identidades cuando reprimen a disidentes, y Washington no parece tener

grandes bases de datos que pudieran alertar de cubanos con pasados sucios.

Marcela Sánchez Santa Cruz aseguró que alertó a los diplomáticos

estadounidenses en La Habana que tres de sus vecinos, los Caamaño,

habían obtenido visas de EEUU y se preparaban para partir. Ellos

llegaron a Miami en el 2000 o el 2001.

En ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre EEUU y Cuba, La

Habana no coopera confirmando los detalles personales de los cubanos que

buscan visas o ciudadanías, y casi nunca acepta deportaciones

provenientes de EEUU.

Rivero y su esposa aparentemente no revelaron en sus documentos para la

visa o la residencia que habían tenido los rangos de coronel y capitán

en el Ministerio del Interior y que habían pertenecido al Partido

Comunista, hechos que podrían haber despertado una mayor atención a sus

casos por parte de la autoridades de EEUU.

"Los chequeos y controles que tenemos para los inmigrantes de otras

nacionalidades no han sido tan efectivos con los cubanos", declaró

Parodi. "Esas son personas que no deberían estar aquí, pero todo lo que

tenemos es cualquier cosa que escriban en el papel. Y una vez que están

en Miami, ya están dentro".

Los ex agentes y colaboradores también pueden ser un riesgo de seguridad

para el gobierno de EEUU, debido a que pueden cooperar con agentes de la

inteligencia cubana, voluntariamente o bajo presión, explicó Elizardo

Sánchez Santa Cruz.

Oscar Peña, activista de derechos humanos de Miami, apuntó que es tiempo

de que los cubanos dejen de prestarle atención a viejas heridas, "no

olvidar, pero trazar una línea mental y decir 'esto se acaba ahora'". Lo

mismo va para los que residen en la isla y mantienen rencores contra los

exiliados, agregó.

Pero eso es una idea difícil de aceptar para las víctimas, sus parientes

y amigos.

Después de que El Nuevo Herald publicó la primera historia sobre Rivero,

recibió una docena de quejas contra otros supuestos represores que se

encuentran en el sur de la Florida.

Un hombre de Miami envió un electrónico al diario para denunciar

a un de La Habana que según dijo, se negó a ayudar a un amigo mutuo

encontrado culpable de un crimen no político en la década de 1980.

Otro alegó que un ex guardia de una prisión en la provincia de Camagüey

llamado Eugenio Salgado había trabajado en el Palacio de los

Jugos en la Calle Flagler. La dueña Apolonia Bermúdez dijo que Salgado

se fue de allí hace 10 o 12 años y los esfuerzos de El Nuevo Herald por

encontrarlo no tuvieron éxito.

Rodrigo de la Luz, un autor de Miami, indicó que se quedó aturdido hace

algunos años cuando se encontró con el policía que observó pero no hizo

nada mientras otro policía lo golpeaba hace 20 años en La Habana por

faltarle al respeto durante su arresto.

"Yo estaba esposado y usted se rió", recordó De la Luz, actualmente de

23 años, que le dijo al hombre, quien admitió que había sido policía

pero negó haber abusado jamás de alguien e insistió que eso era historia

antigua.

"Al fin y al cabo, todos estamos aquí" en Miami, agregó el hombre.

De la Luz dijo que denunció al ex policía ante el FBI, pero no sabe si

esta agencia siguió adelante con el caso. Su nombre era José Luis, pero

de la Luz no se recuerda si alguna vez supo su apellido.

Marcela Sánchez Santa Cruz, de 62 años, comentó que los Caamaño apoyaron

enérgicamente al gobierno de Castro durante décadas y le permitieron a

la Seguridad del Estado usar su casa, frente a la de ellos, como base y

lugar permanente de una cámara de video que grababa a todos los

visitantes de su hermano.

Un yerno, Ernesto Estévez, pinchó las gomas de los autos de algunos de

los visitantes extranjeros de su hermano y en 1992 se unió a una

violenta incursión de la policía en la que las autoridades se llevaron

virtualmente todos los archivos de su hermano y rompieron los muebles de

su oficina, agregó.

Estévez declaró a El Nuevo Herald que las familias Caamaño y Sánchez

Santa Cruz tenían "diferencia de criterios políticos" pero negó que

ayudara en la incursión de 1992 o pinchara las ruedas, o que los agentes

de la Seguridad del Estado tuvieran una base y una cámara en la casa de

los Caamaño.

El sólo vivió con los Caamaños porque estaba casado con una hija de

ellos, explicó Estévez, y no compartía su fuerte apoyo al gobierno. "Yo

era apático. Soy alérgico a la política. ¿Por qué piensan que dejé el

país?" declaró.

Oscar Alvarez, otro vecino de Sánchez Santa Cruz que ahora vive en

Miami, confirmó que en realidad había una cámara de video en la casa de

Caamaño y que creía que Estévez era un oficial de la Seguridad del

Estado. Estévez negó haber pertenecido a los cuerpos de seguridad del

régimen.

Varona, actualmente un consultor de seguridad, confesó que aún está más

que enojado con Eloy Mederos, el agente de la Seguridad del Estado,

amigo de la niñez en Camagüey y testigo de la acusación en el juicio en

que se le condenó por conspirar para derrocar al gobierno. El cargo era

cierto, agregó.

Mederos, actualmente de unos 80 años, llegó a Miami hace dos años,

señaló Varona. Los esfuerzos de El Nuevo Herald para contactar a Mederos

en la dirección y número telefónico suministrado por Varona, y también

localizarlo por otras vías, no tuvieron éxito.

Varona declaró que había denunciado a Mederos ante el FBI, agentes de

inmigración y la oficina del senador federal Marco Rubio, y en un

momento pensó en organizar un acto de protesta frente a la casa de Mederos.

"Lo menos que haría es darle una bofetada", subrayó Varona a El Nuevo

Herald en una entrevista.

En su lugar, envió por correo a Mederos una nota de una página, escrita

en letras grandes y negras:

"6 años de prisión.

6 años de hambre.

6 años de frío.

6 años de sufrimiento.

Te falta la justicia divina".

http://www.elnuevoherald.com/2012/11/18/v-fullstory/1346597/represores-cubanos-buscan-refugio.html

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