Torture in Cuba
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La ONU cuestiona la ‘extraordinariamente amplia’ participación militar
en el sistema judicial cubano
DDC | Ginebra | 7 de Marzo de 2017 – 22:35 CET.

El Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, que sesiona en
Ginebra, Suiza, ha cuestionado la estructura del sistema judicial
cubano. Varios relatores han pedido aclaraciones y han realizado
recomendaciones a los funcionarios de La Habana, tras la presentación de
su informe sobre el tema.

El relator español Juan José López Ortega recordó al diplomático cubano
Pedro Luis Pedroso Cuesta que es “necesaria la ratificación del
Protocolo Facultativo contra la Tortura, reconocer la competencia de la
Corte Penal Internacional y ratificar el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que es la madre de todos los instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos”.

López Ortega se refirió a la “importante función de las instituciones
nacionales de derechos humanos” y en tal sentido preguntó por qué no
funciona una en la Isla que sea reconocida por el Gobierno.

Insistió al representante cubano que “la tipificación del delito de
desaparición forzada es necesaria” así como que las investigaciones de
estos delitos estén a cargo de una “justicia independiente”.

Recordó que en el 2013 el Comité se pronunció categóricamente “porque,
con independencia del sistema nacional, los tribunales militares no
deben de tener a su cargo ni las investigaciones, ni el enjuiciamiento
de este tipo de crímenes”.

“Nosotros, por el contrario, observamos —y ustedes se refieren a ello—
que la competencia de la jurisdicción militar es extraordinariamente
amplia en su sistema”, señaló.

Sobre la independencia judicial —que el Gobierno dice no es comprendida
por aquellos que lo acusan de tutelar a jueces y tribunales en la
resolución de los casos—, López Ortega dijo que “los órganos de las
Naciones Unidas sí han detectado problemas estructurales de
independencia. No en el ejercicio o resolución de un caso concreto, pero
sí en el diseño institucional del poder judicial”, criticó.

Mencionó artículos de la Constitución en los que se establece un
principio de subordinación jerárquica de los jueces y tribunales a los
órganos del Ejecutivo y del Legislativo e insistió en que en el año 2012
ya el Comité contra la Tortura de la ONU “recomendó expresamente que
Cuba acometieran políticas para solventar este déficit estructural”.

Otro relator, Daniel Figallo, criticó que, amparado en la legislación,
el Gobierno puede “actuar en ciertas circunstancias y ciertos
territorios para regular precisamente el derecho a la inviolabilidad de
domicilio o el derecho a la libertad personal”.

Puso en duda otros artículos del Código Penal, entre ellos el número 64,
“de incompatibilidad con el derecho internacional en torno a la
responsabilidad de los superiores”.

“Se dice que como no hay desaparición forzada, tampoco hay un sistema
específico para la protección de testigos sobre esta materia”, cuestionó
Figallo.

En tal sentido, pidió a la delegación de La Habana que abundara sobre
cómo funciona el sistema de protección en realidad. “Lo que ocurre
muchas veces frente a la ausencia de un sistema es que no hay
denunciabilidad”, opinó.

La ONU define las desapariciones forzadas por tres elementos
acumulativos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona
interesada; la participación de agentes gubernamentales, al menos
indirectamente por aquiescencia, y la negativa a revelar la suerte o el
paradero de la persona interesada.

Según el diario oficial Granma, el Gobierno cubano “participó
activamente en las negociaciones que condujeron a la adopción del Comité
contra la Desaparición Forzada y fue uno de los copatrocinadores
principales de la resolución de la Asamblea General que aprobó la
Convención”.

Granma, órgano del Partido Comunista, dijo que “el país ha concentrado
esfuerzos en honrar sus amplios compromisos en materia de elaboración y
presentación de informes a esos órganos”.

Ante otras preguntas formuladas por los relatores, los representantes
del Gobierno cubano insistieron en que “el detenido tiene garantías, se
avisa a su familia y tiene derecho a que se le respete la integridad
personal”.

Asimismo defendieron que entre las “24 y 72 horas se establece la medida
cautelar al detenido y que en principio nadie dura más de 24 horas
detenido sin ser llevado ante fiscal”.

Sin embargo, miembros de la sociedad civil independiente, periodistas,
opositores al régimen que son detenidos una y otra vez de forma
arbitraria, han denunciado que son mantenidos bajo arresto muchas veces
por más de 24 horas, sin permitirles la comunicación con sus familiares,
dificultando el acceso a abogados, y poniéndolos finalmente en libertad
muchas veces sin cargos.

Los allegados de los detenidos, sobre todo aquellos que son de interés
de la Seguridad del Estado, denuncian con frecuencia que deben indagar
varios días para conocer el paradero de sus familiares, recibiendo
evasivas y engaños de las autoridades. Muchos activistas califican esta
práctica de “secuestro” y “desaparición”.

Source: La ONU cuestiona la ‘extraordinariamente amplia’ participación
militar en el sistema judicial cubano | Diario de Cuba –
www.diariodecuba.com/cuba/1488922521_29478.html

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